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En Colombia, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y 2020, se deforestaron 7’286.119 ha, con un promedio de 195.061 ha/año. En los últimos 4 años (2016 – 2019) la deforestación venía decreciendo; sin embargo, en el año 2020 se perdieron 171.685 ha/año de bosque, lo que significó un aumento del 8% con respecto al 2019. En este periodo, los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, y Antioquia concentraron el 70% del total de la deforestación del país, y en su conjunto, la región amazónica aportó el 63,7% (109.302 ha) de la deforestación total reportada para Colombia. Desde el año 2002 los bosques nativos de la Amazonia, han disminuido su superficie por acciones antrópicas en 2.008.890 ha y las tasas anuales de pérdida de bosque, durante los últimos 20 años, varían entre 89 mil y 176 mil has/año; ocasionando una reducción significativa de la biodiversidad y la conectividad ecológica y funcional del territorio. 

Colombia se encuentra en la vía de generar acciones de mitigación que permitan gestionar la deforestación, por ser la principal fuente emisora de GEI a nivel de país y principalmente a nivel de región Amazónica. A lo anterior se suma que, según los reportes de la Tercera Comunicación de Cambio Climático (TCNCC) desarrollada por IDEAM et al (2017), gran parte del territorio amazónico se encuentra en niveles altos y muy altos de vulnerabilidad y de riesgo asociado al cambio climático, especialmente en departamentos como Amazonas y Guainía que ocupan los puestos 2 y 3 en categoría de Riesgo (IDEAM et al, 2017) y Caquetá, Putumayo y Guaviare que presentan alto nivel de vulnerabilidad (SINCHI, 2021; IDEAM et al., 2017), especialmente en las dimensiones de biodiversidad, recurso hídrico y seguridad alimentaria. De modo que, la gestión climática integral en el territorio impone retos en materia no solo de mitigación sino también del desarrollo de acciones de adaptación en la región amazónica.  

Colombia ha estado construyendo las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales para dar respuesta a esta situación, con acciones concretas como: i) La Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal ENREDD+, que busca cumplir las metas internacionales de reducir emisiones GEI, que en Colombia están mayormente asociadas con deforestación y degradación. ii) La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC): se trata de un programa de desarrollo a corto, mediano y largo plazo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscando desvincular el crecimiento económico nacional del incremento de emisiones GEI. iii) La firma del Acuerdo de París en 2015, donde Colombia se comprometió a concretar metas para el cambio climático. iv) la formulación de la política nacional de cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. v) La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) presentada en diciembre 2020 ante la CMNUCC. vi) La Estrategia Climática de largo plazo de Colombia - E2050, y vii) Los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales (PIGCCT) y sectoriales (PICGCCS). 

En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia STC 4360 de 5 de abril de 2018 declaró la Amazonia colombiana como sujeto de derecho y ordenó inicialmente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonia, y a formular un Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía colombiana (PIVAC) en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las carteras ministeriales accionadas, junto con Presidencia de la República en desarrollo del cumplimiento de las órdenes establecieron las siguientes rutas de participación: i. indígenas; ii. NARP (negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y pueblo ROM); y, iii. y comunidades rurales. Para el caso particular de la ruta de comunidades rurales es gestionada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) y para su implementación ha focalizado consultas con comunidades de 10 departamentos y 27 municipios. Durante el año 2021, el MADR se encuentra avanzando en la fase informativa de la consulta en 6 departamentos (de los 10 incluidos en la STC 4360 de 2018) mediante el desarrollo de 11 espacios participativos de los 15 previstos en esta fase. Se espera que mediante la implementación de la acción se fortalezca la metodología de participación de las comunidades y se provea de capacidad al MADR para el desarrollo de la fase de consensos y su escalamiento a nivel nacional a partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de 15 eventos con la participación de representantes de comunidades de los 27 municipios y 10 departamentos focalizados. 

A nivel intersectorial y además de Minagricultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Presidencia de la República, de acuerdo con sus competencias; están interesadas en desarrollar rutas de participación: i. indígenas; ii. NARP (negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y pueblo ROM); y, iii. y comunidades rurales; para lograr articular un consolidar el Plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonia, y formular un Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonia colombiana (PIVAC) en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero; de acuerdo con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la STC 4380 de 2018. 

La acción será ejecutada por el Instituto SINCHI en permanente coordinación con el Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático adscrito al Viceministerio de asuntos Agropecuarios del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Para garantizar la coordinación requerida, Minagricultura estará en permanente interacción mediante su participación en las reuniones técnicas del grupo de trabajo y las del comité implementador; adicionalmente, efectuará una validación de informes parciales de avance de la acción que serán escalados al Viceministerio de asuntos Agropecuarios para la validación de su presentación a EUROCLIMA.  

El avance general tendrá un seguimiento detallado por parte de un comité Directivo integrado por Minagricultura, Expertise France y SINCHI. En consideración del conocimiento del territorio amazónico, sus dinámicas y conflictos socioambientales, así como su experiencia en el desarrollo en investigaciones participativas y su proximidad con las comunidades; entre otros aspectos; Expertise France con el acompañamiento de Minagricultura ha acordado con el Instituto SINCHI la ejecución de los espacios participativos para la generación y aplicación de la metodología en los talleres, la consulta a las comunidades, obtención de insumos, sistematización, la elaboración de un documento técnico que contenga la consolidación y estructuración de los aportes, recomendaciones, puntos de vista, necesidades del territorio y el monitoreo y seguimiento participativo que permita finalmente, actualizar el Plan de Acción y la construcción del PIVAC.